La movilización en el Puente Pueyrredón es una muestra más del impacto social de las políticas económicas del gobierno de Javier Milei, que los trabajadores califican de “industricidio real”.
La empresa, que fue líder en el sector, atraviesa una crisis que los trabajadores califican de fraudulenta. Según denuncian, la quiebra fue presentada sin cumplir con los procesos legales correspondientes y con la intención de evitar el pago de indemnizaciones.
Desde el inicio de la ocupación, los trabajadores mantienen la planta tomada día y noche, logrando incluso un fallo judicial que los reconoce como custodios legítimos de los bienes de la empresa.