Para justificar el ajuste sobre los inundados, el gobierno libertario aseguró que las medidas propuestas ya habían sido implementadas mediante del Decreto 238/2025 que creaba un fondo especial de 200 mil millones de pesos gestionado por el ministerio de Seguridad y un régimen de subsidios denominado "Suplemento Único para la Reconstrucción (SUR)".
El Ejecutivo aseguró además que "el 85,43% del total de inscriptos para recibir el SUR ya han recibido el pago correspondiente", mientras que "los casos bajo análisis representan el 10,55% y los rechazos únicamente el 4,01%".
El decreto presidencial advierte además que la inclusión de Coronel Rosales en la ley ahora vetada resulta “de imposible cumplimiento”, ya que la zona de asistencia fue delimitada basándose en informes técnicos del Servicio Meteorológico Nacional, que identificaron a Bahía Blanca como la más afectada.
Milei aseguró además que la ley vetada no incluía cuál sería la fuente de financiamiento para la conformación del fondo de asistencia a los damnificados.