Además, se propone actualizar automáticamente por inflación las becas estudiantiles (como Progresar, Manuel Belgrano, Enfermería y otras), y se refuerza el rol de la Auditoría General de la Nación para realizar un control externo de las universidades de gestión estatal. Según el texto, la AGN deberá remitir de forma inmediata al Congreso los informes con las observaciones y un plan de seguimiento.
Por fuera del dictamen de mayoría, también se firmaron despachos propios: uno del radicalismo liderado por Rodrigo de Loredo, otro de la izquierda, y uno de Martín Arjol (Liga del Interior), quien había sido clave para blindar el veto presidencial en el tratamiento anterior, pero que en la última sesión acompañó el emplazamiento junto a Mariano Campero. La Libertad Avanza, por su parte, presentó un dictamen de rechazo.
Aún no hay una estimación oficial del costo fiscal del proyecto por parte de la Oficina de Presupuesto del Congreso, aunque ese punto sigue siendo el principal argumento del gobierno nacional para anticipar un veto.
La sesión para tratar el financiamiento universitario y la emergencia pediátrica se haría, en principio, la semana del 30 de julio. Aunque la intención opositora es avanzar “lo antes posible”, el paro de aeronáuticos de la semana próxima y el receso invernal en varias provincias dificultan la convocatoria. Esa fecha aparece como una opción viable ya que, para entonces, solo estará en receso la Ciudad de Buenos Aires.