También resultó unánime el rechazo del recurso de Casación del Ministerio Público Fiscal sobre el pedido que formularon para que la pena se ejecutase en otro domicilio distinto al actual. Al respecto, tuvieron en cuenta que el tribunal oral se valió -para fijarlo- de un informe socio-ambiental favorable, elaborado por la Dirección de Control y Asistencia de Ejecución Penal (DCAEP) y remarcaron que habían cesado las situaciones que afectaron al barrio en momentos posteriores al 10 de junio, cuando la Corte Suprema confirmó la condena.