La crisis golpeó tan fuerte que muchos profesionales decidieron emigrar; algunos se trasladaron a otros centros de salud y otros directamente dejaron el país en busca de mejores salarios, cansados de la angustia cotidiana y del desgaste de una pelea que parecía no tener fin.
Y aunque ahora el Gobierno intente presentarlo como un triunfo de la “gestión libertaria” --con posteos en redes que lo muestran como una administración eficiente de los recursos--, la realidad es otra: no tuvo alternativa. El Ejecutivo terminó aplicando la ley por obligación, presionado por la Justicia, la movilización gremial y el amplio respaldo social que acompañó la lucha del hospital.
Así, la ley que el Gobierno intentó frenar se convirtió, finalmente, en la herramienta que garantizó derechos y recuperó dignidad laboral.