La inexistencia de una “actuación registrada” haría suponer que “el instrumento no siguió los canales institucionales ordinarios, previstos legalmente para resguardar la integridad del actuar oficial del Presidente de la Nación”, dice el CIPCE. En todo caso, el acuerdo “se habría celebrado a espaldas de la estructura jurídica” oficial. De ser así, señala la ONG, no se tratar de un acuerdo confidencial sino clandestino. Por eso plantean que esto debería motivar a la fiscalía a verificar la legalidad del procedimiento. Otras áreas (Procuración del Tesoro, Legal y Técnica y la Oficina Anticorrupción) no respondieron el pedido de acceso a la información. El CIPCE siempre sostuvo que, como sea, al Presidente se le debería imputar el delito de “negociaciones incompatibles con la función pública”.