Durante 2024, los subsidios energéticos y al transporte mostraron una reducción superior al 50% en términos reales, como resultado de la recomposición tarifaria y de la eliminación de esquemas de asistencia generalizada, mientras que el gasto en salarios públicos perdió poder adquisitivo frente a la inflación y las partidas destinadas a bienes y servicios registraron niveles históricamente bajos de ejecución. En paralelo, la inversión pública fue uno de los componentes más afectados, con una virtual paralización de proyectos de infraestructura a nivel nacional.
En 2025, el esquema se profundizó, aunque con un ritmo más moderado, y permitió al Gobierno sostener un superávit primario cercano al 1,4% del PIB, nuevamente apoyado en la contención del gasto social y económico. Los datos de ejecución presupuestaria mostraron nuevas caídas reales en planes sociales, una reducción adicional de los subsidios energéticos y una continuidad del deterioro salarial en el sector público, mientras que el gasto previsional solo logró evitar una contracción mayor por la actualización automática de haberes, en un contexto de menor cobertura de bonos y refuerzos.
Las previsiones que el Banco Central explicita en su informe para el año en curso no hacen más que proyectar una lógica que ya se expresó en los ejercicios anteriores: la consolidación fiscal se apoya en recortes persistentes sobre partidas no automáticas, incluso después de haber alcanzado superávits consecutivos. La discusión que se abre hacia adelante no gira únicamente en torno a la sostenibilidad financiera del esquema, sino también sobre la capacidad del modelo para absorber nuevos ajustes sin profundizar desequilibrios sociales y económicos que ya comenzaron a manifestarse en los indicadores de empleo, consumo y actividad.