Desde el oficialismo aclaran que la eventual suspensión o pérdida de la personería no es automática. Demandaría un trámite administrativo más extenso, con derecho a defensa para los sindicatos y eventual revisión judicial. En ese marco, el expediente se respaldará en la vigencia de la conciliación y en la documentación que reúna Trabajo sobre el impacto concreto en la prestación del servicio.
En el caso de la UTA, la conciliación obligatoria fue dictada el 10 de febrero por 15 días tras un conflicto salarial en el interior del país. Para La Fraternidad, rige una medida similar desde el 4 de este mes. En el Ejecutivo subrayan que ambas disposiciones estaban vigentes al momento en que se convocó al paro general.
En paralelo, la sede gubernamental desplegó un operativo de seguridad de gran escala por la movilización frente al Congreso, donde la Cámara de Diputados debate la reforma laboral. Más de 1000 efectivos de fuerzas federales fueron asignados al dispositivo, que incluye controles en los accesos a la Ciudad de Buenos Aires.
El Ministerio de Seguridad dispuso además cortes de calles en las inmediaciones del Palacio Legislativo y la instalación de un vallado perimetral para delimitar el área de concentración. En la sede presidencial indicaron que habrá agentes en apresto y refuerzos adicionales ante la posible llegada de columnas sindicales, aunque en el oficialismo relativizan el alcance efectivo de la huelga.