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POLITICA Prioridades invertidas: la brecha salarial y la inconsistencia entre promesa y realidad
23/02/2026
| 14 visitas
Por Raúl Bittel, Parlamentario del Mercosur, Abogado, Profesor en Cs. Juridicas
El análisis comparativo entre noviembre de 2023 y enero de 2026 muestra una evidencia contundente sobre cómo se distribuyeron las prioridades salariales en el Estado chaqueño.
Mientras la administración provincial liderada por el gobernador priorizó incrementos muy elevados en la estructura política, los trabajadores, docentes y empleados públicos recibieron aumentos que quedaron rezagados frente a
la evolución de los precios, erosionando su poder adquisitivo y perjudicando la capacidad de compra familiar.
Brecha salarial: una señal que no puede eludirse
Los cuadros oficiales muestran que:
Entre noviembre de 2023 y enero de 2026, un funcionario político pasó de percibir $422 mil a más de $3 millones, un aumento nominal del 613%.
En el mismo período, un trabajador administrativo pasó de $131 mil a $502 mil, un incremento de 281% nominal.
Esto significa que la brecha interna dentro del propio Estado se amplió: de aproximadamente 3 a 1 en 2023 a casi 6 a 1 en 2026 entre la cúpula política y el trabajador común.
Ese crecimiento relativo no puede atribuirse simplemente a la inflación. Indica una distribución interna de prioridades que favorece de manera desproporcionada a la estructura política frente a los trabajadores.
En los últimos años, Argentina atravesó un proceso inflacionario intenso. De acuerdo con los datos oficiales del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC), la inflación anual de 2025 fue del 31,5%, el nivel más bajo desde 2017 pero aun así elevado en términos absolutos.
A nivel regional, el Índice de Precios al Consumidor acumulado en 2025 también mostró una fuerte presión sobre los ingresos de los hogares chaqueños, con subas de precios que impactan directamente en bienes y servicios esenciales.
Si un aumento salarial no excede el ritmo de precios de los bienes básicos, el salario real se erosiona y se pierde capacidad de compra. En esas condiciones, aunque los porcentajes nominales puedan parecer altos, en términos reales muchos trabajadores quedan en situación de vulnerabilidad económica.
Los datos oficiales sobre el mercado de trabajo en el Gran Resistencia muestran una evolución preocupante:
La tasa de actividad cayó a 43,6% en el primer trimestre de 2025, reduciéndose en términos interanuales.
La tasa de empleo fue de 39,7%, con una pérdida de 13 mil personas ocupadas respecto al año anterior.
La tasa de desocupación se ubicó en 8,9%, con un aumento de trabajo informal y menor absorción de empleo registrado.
Esto indica que las oportunidades de empleo formal y digno se deterioraron en la principal área urbana de la provincia, intensificando la presión sobre los ingresos de los hogares.
Promesas de campaña vs. realidad concreta
Durante la campaña, se comprometió una política de “salarios dignos” y defensa de los trabajadores como eje de la gestión. Hoy, esa promesa contrasta con:
Brechas salariales internas ampliadas, donde la recomposición de la jerarquía política supera ampliamente a la de los trabajadores comunes.
Salarios que aun con ajustes escalonados no aseguran recuperación real frente a precios y canastas básicas.
Mercado laboral con reducción de empleo formal y un incremento de informalidad, que agudiza la precariedad económica de las familias.
No se trata de negar el contexto inflacionario ni las dificultades fiscales. Sí, se trata de evaluar cómo se distribuyen los recursos disponibles del Estado.
Cuando la prioridad salarial del gobierno está en una recomposición dispareja de la estructura política, mientras los trabajadores pierden terreno frente a la inflación y el empleo formal se retrae, la promesa de dignidad salarial queda bajo cuestionamiento legítimo.
La prioridad en la gestión se traduce en números, los datos no son anécdotas: son evidencia de decisiones de política pública. La gestión actual puede argumentar contexto macroeconómico adverso. Es cierto que la inflación fue elevada y que la economía nacional enfrenta desafíos estructurales.
Pero las decisiones sobre cómo distribuir recursos dentro del Estado provincial son decisiones políticas. Cuando esas decisiones amplían la brecha interna en lugar de reducirla, la narrativa de “priorizar a los trabajadores” pierde sustento frente a la realidad económica de las familias chaqueñas.
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