“Tratándose de una reforma que podría implicar una reducción en los niveles de protección ambiental actualmente vigentes, entendemos imprescindible garantizar una instancia de participación pública amplia, plural y efectiva. La modificación de un régimen de presupuestos mínimos ambientales (más aún cuando involucra reservas estratégicas de agua) no puede avanzar sin debate técnico, transparencia institucional y respeto por el principio de no regresión ambiental”, explicó el diputado de la Coalición Cívica.
La Ley de Glaciares, que fue sancionada en 2010, deja en manos del Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (IANIGLA) la facultad de inventariar la cantidad de glaciares y ambientes periglaciares y establece que no se pueden realizar actividades que puedan afectar su condición natural.
El proyecto de reforma que impulsa el oficialismo invierte las responsabilidades: serán las jurisdicciones locales las que determinarán si un glaciar o zona periglaciar cumple o no con una función hídrica y si se puede, en consecuencia, realizar una actividad productiva en la zona. Si la zona analizada no cumple con funciones hídricas, el IANIGLA lo podrá quitar del Inventario.
El principal argumento en contra de los opositores y organizaciones ambientales es que cuando esa zona queda fuera del Inventario, queda habilitada la posibilidad de exploración y explotación minera e hidrocarburífera que, como establece este proyecto, queda a consideración de cada provincia.