Los que aumentaron por encima de la Argentina son países ubicados en el Sudeste Asiático, especialmente dependientes de las importaciones por el Estrecho de Ormuz; otros de América del Sur que no se autoabastecen, como Chile o Paraguay; y aquellos que están involucrados de forma directa en la guerra.
Argentina, a pesar de ser productor y exportador de petróleo -incluso hacia Estados Unidos-, tiene precios de combustibles más altos que ese país, con salarios significativamente más bajos, y también si se la compara con Brasil. Hoy un argentino paga, en promedio, USD 1,42 por cada litro de nafta, mientras que un estadounidense paga USD 1,09 y un brasileño, USD 1,31.
Las políticas aplicadas por este Gobierno, que vinculan el precio local (en un país productor) a los vaivenes del precio internacional, hacen posible que se produzcan estas diferencias. En el caso de Brasil, desde hace años se sostenía un precio por litro de nafta que era mayor al resto, pero, ante el shock de la guerra, fue uno de los que menos reaccionó al alza quedando por debajo del costo argentino.
Las rutas abandonadas
Según informaron desde el entorno de Katopodis, en más de dos años del gobierno libertario “no se construyó ni un solo kilómetro de ruta”, tampoco realizaron “mantenimiento y mucho menos proyectaron invertir para la transformación de autopistas o autovías de las vías estratégicas del país”. De la misma manera, no destinaron recursos para “obras hídricas, hidráulicas, sanitarias, educativas e infraestructura social que permitirían a la Argentina no estancarse y avanzar hacia el desarrollo productivo de su población”.
La falta de inversión en infraestructura vial generará un costo mayor a futuro: “no sostener el financiamiento constante en el mantenimiento de las rutas aumenta en un 50% la inversión total demandada por kilómetro, por lo que las obras resultan 6 veces más costosas si se interviene en un momento posterior al adecuado”, indicaron.
De igual modo, la ausencia de una inversión sostenida en la ejecución de nuevas obras públicas de acceso al agua potable y al saneamiento —así como en infraestructura destinada a la mitigación del riesgo hídrico, tanto en entornos urbanos como rurales— “profundiza las vulnerabilidades existentes frente a fenómenos climáticos extremos, cuya frecuencia e intensidad se incrementan de manera sostenida”.
En este contexto, “la falta de intervención no sólo acelera el deterioro de la infraestructura sino que compromete su capacidad operativa, incrementa los costos de mantenimiento y reduce la eficiencia en la prestación de los servicios”.