Angeletti, en un primer momento, quedó en la mira de la Justicia por haber viajado en secreto en el avión presidencial hacia Nueva York. Esa denuncia fue desestimada ayer por “inexistencia de delito”. Según el juez Rafecas, como el Tango 01 tenía lugares sin ocupar, el viaje de la mujer de Adorni no generó gastos extras para el Estado Nacional. No obstante, continúan en curso investigaciones mucho más graves: una, respecto del incremento patrimonial del jefe de Gabinete y, otra, por posibles contrataciones entre su consultora +Be y empresas vinculadas a organismos públicos.
Desde hace varias semanas la Justicia avanza con una serie de medidas que comprometen a Adorni y su pareja; que incluyen el levantamiento del secreto bancario y fiscal hasta las salidas de la Argentina. Además del jet privado a Punta del Este, que costó alrededor de 9000 dólares y habría sido abonado por el periodista Marcelo Grandio, se confirmó que la familia viajó a Aruba entre el 29 de diciembre de 2024 y el 10 de enero de 2025. De acuerdo con el expediente judicial, el jefe de Gabinete gastó 5.800 en los pasajes aéreos y otros 8.874 dólares por el alojamiento. Además, habría otros destinos de los cuales aún no hay detalles: Río de Janeiro, Bariloche e Iguazú, entre otros. Son erogaciones difíciles de explicar para un funcionario que, en ese entonces, tenía un salario que rondaba los 3.000 dólares.
En paralelo, avanza una denuncia presentada por la diputada Marcela Pagano que solicita investigar si Angeletti obtuvo beneficios a partir de contratos vinculados al Estado. El foco está puesto en acuerdos relacionados con la provisión de herramientas de comunicación directa y sistemas de seguimiento, así como en la concesión para la explotación comercial de sectores del predio de Tecnópolis. De acuerdo con los requerimientos de información autorizados por el juez Ariel Lijo, las empresas alcanzadas por estas medidas son Area Tech S.A., ATX S.A., Movilgate S.R.L., Lugalu S.A., Equila S.R.L., Tsoft Informática S.A.S. y Tecnosoftware S.A., firmas que quedaron bajo la lupa judicial para determinar si existieron vínculos contractuales que pudieran haber derivado en réditos económicos para la pareja del funcionario.
A este entramado de viajes de lujo, cajas de seguridad y contratos bajo sospecha se suman las llamativas operaciones inmobiliarias con las que Adorni adquirió un departamento en Caballito y una casa en el country Indio Cuá. Pese a que se apilan los expedientes en tribunales, el Gobierno sostiene al jefe de Gabinete y sobreactúa festejos. “El tiempo es un juez tan sabio, que no sentencia de inmediato, pero al final da la razón a quien la tiene”, chicaneó ayer Adorni tras el fallo favorable. Habrá que ver si repite el mismo postulado el día de la sentencia final.