Asimismo, se requiere conocer el alcance de los casos atendidos por la persona involucrada y las posibles consecuencias sanitarias derivadas de su accionar.
“El ejercicio ilegal de la medicina no es un error administrativo: es un riesgo directo para la vida de las personas. Cuando falla el sistema, no alcanza con mirar para otro lado: hay que investigar, corregir y garantizar que no vuelva a pasar”, sostuvo el legislador.
Finalmente, remarcó que “la salud pública necesita controles reales, transparencia y responsabilidad”, y subrayó la importancia de fortalecer los mecanismos institucionales para evitar que situaciones de esta gravedad se repitan.