El proyecto surge con la salida de Manuel Adorni, procesado por presunto enriquecimiento ilícito, y la renovación de su puesto, en medio de una tensa relación entre el gobierno y el periodismo, en particular tras la prohibición de acceso a la Casa Rosada que desencadenó en una denuncia del Foro de Periodismo Argentino (Fopea) ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. En diálogo con Página 12 Trotta explicó que la idea es que “a partir de la designación, el nuevo funcionario adelante cómo va a ser el comportamiento del Ejecutivo con el periodismo”.