Presenté una denuncia contra el Ministro de Salud de la Nación por desobediencia judicial e incumplimiento en el pago de prestaciones para personas con discapacidad, ordenado por la sentencia del Juzgado Federal N.º 3 de Córdoba en el marco de un amparo colectivo.
Por su parte, el juez federal Hugo Vaca Narvaja había dado luz verde a la cautelar en mayo y, a fines de junio, dictó sentencia ordenando a Incluir Salud y al PAMI que regularicen pagos y garanticen las prestaciones. Esa resolución fue notificada al ministro Mario Lugones con un plazo de 72 horas para cumplirla, que ya venció hace una semana.
“Creo que todo tiene un límite y yo no voy a permanecer indiferente”, remarcó Natalia de la Sota, recordando además que “desde mayo, el Gobierno de Milei viene incumpliendo la cautelar”.
Desde que se presentó el amparo, el Estado nacional interpuso cinco recursos: tres apelaciones y dos quejas. Mientras tanto, las prestaciones para este colectivo se cortaron a comienzos de año. En algunos casos, los pagos dejaron de hacerse en diciembre de 2025, y en otros se extendieron hasta febrero de este año.