El empresario había sido extraditado desde la Argentina en noviembre, después de varios años de disputa judicial. Al llegar a Texas, inicialmente se declaró "no culpable" por recomendación de sus abogados, aunque luego cambió su estrategia para negociar un acuerdo con la fiscalía federal. Esa negociación estuvo encabezada por el abogado neoyorquino Alex Spiro, quien lo representó ante la justicia estadounidense.
Como parte de ese acuerdo, Machado reconoció haber obtenido millones de dólares de inversores mediante la venta de aviones que nunca estuvieron disponibles para su comercialización o que pertenecían a terceros. Según la acusación, el esquema funcionaba a través de las firmas South Aviation Inc. y Pampa Aircraft Financing, controladas por el empresario desde Florida, junto con una sociedad radicada en Oklahoma City que compartía oficinas y empleados con empresas de sus socios estadounidenses. De acuerdo con la investigación, esa maniobra permitió captar millones de dólares mediante operaciones fraudulentas con aeronaves que los compradores nunca recibieron.
El entendimiento con la fiscalía también modificó la acusación original. La representante del Ministerio Público, Heather Rattan, retiró el cargo por narcotráfico internacional que pesaba sobre el empresario desde 2020, un delito que contemplaba penas mínimas obligatorias de hasta diez años de prisión y por el que continúa detenida una de sus socias estadounidenses, Deborah Mercer-Erwin. A cambio, Machado aceptó declararse culpable por los dos delitos de lavado y fraude, que prevén penas máximas de hasta veinte años de prisión cada uno, además de multas y el decomiso de bienes.
La resolución judicial también tiene impacto en la Argentina. La fiscalía de Texas mantiene incorporada como prueba una transferencia por US$200.000 a favor de José Luis Espert, registrada a través del Bank of America y vinculada a una aeronave con matrícula N28FM, utilizada por Machado durante sus viajes al país.
Esa transferencia es investigada por el fiscal federal de San Isidro, Fernando Domínguez, en una causa que continúa en trámite y en la que Espert está imputado por lavado de dinero.
Tras conocerse públicamente los detalles del financiamiento que Machado habría realizado entre 2019 y 2020, Espert resolvió bajar su candidatura como primer postulante de La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires. El exdiputado sostiene que ese dinero correspondía al pago de una consultoría relacionada con un proyecto minero en Guatemala, que finalmente no se concretó como consecuencia de la pandemia.
Mientras tanto, el expediente en Texas ingresó en su etapa final. La defensa del empresario busca que el juez tenga en cuenta el tiempo que permaneció detenido en una cárcel privada de Oklahoma y los cuatro años de prisión domiciliaria que cumplió en las afueras de Viedma, luego de haber sido arrestado en Bariloche en abril de 2021. Esa decisión quedará en manos de Amos L. Mazzant III, quien deberá fijar la cantidad de años de prisión y resolver si ese período de detención será computado como parte de la condena.