El vicerrector de la Universidad de Buenos Aires (UBA), Emiliano Yacobitti, propuso que parte de esos fondos se usen para garantizar el cumplimiento de la ley de financiamiento universitario. “Sería muy importante que, en lugar de apelar el fallo de primera instancia, el Gobierno utilice los fondos de la Jurisdicción 91 - Programa 99 ‘Otras Asistencias Financieras’, previstos en $14,8 billones y $7,7 billones respectivamente, para resolver la situación crítica que atraviesa el sistema universitario”, dijo Yacobitti.
El salto previsto para esta caja discrecional en 2027 se da en medio de un ahogo financiero a las provincias, que vienen perdiendo recursos, por caída de recaudación propia, de coparticipación y de otros giros no automáticos. De acuerdo con un estudio del Centro de Economía Política Argentina (CEPA), la totalidad de recursos nacionales girados a las provincias disminuyó un 11,6% en el gobierno de Milei. A eso debe sumarse que más de la mitad de las provincias registraron caídas en su recaudación propia. En promedio, los recursos de recaudación provincial cayeron un 7,3%.
Otro dato interesante para analizar en este contexto es el de reparto de ATN. El Gobierno Nacional distribuyó entre enero y septiembre de este año $184.000 millones entre 15 provincias. Las más beneficiadas fueron Misiones, con $25.000 millones; Corrientes, $19.000 millones; Catamarca, $18.500 millones, y Salta, $18.000 millones.
Para el año que viene, está previsto que se distribuyan $300.000 millones en ATN, según el proyecto de presupuesto. Ese monto es, de todos modos, menor en comparación con los ATN que el gobierno retiene sin repartir, otra forma de incrementar la bazooka de discrecionalidad. Ocurre que el fondo de los ATN se nutre por ley del 1% del impuesto a las ganancias. Eso implica que sólo en 2026 tiene $1,9 billones sin distribuir que terminan diluidos en otras partidas.