A esta altura, el tándem judicial-mediático macri-mileísta ni disimula que funciona como un mecanismo de relojería. Lo que sucedió con la causa sobre el acuerdo con el FMI durante el gobierno de Mauricio Macri es una muestra acabada de ese funcionamiento y de cómo operan los mecanismos vigentes para blindar a funcionarios y exfuncionarios. Aunque era una crónica anunciada, este lunes llegó el desenlace: la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal dispuso el archivo del expediente sobre las irregularidades en la toma de deuda por 57.100 millones de dólares y la posterior fuga de capitales. La decisión fue firmada por dos de los jueces que visitaban al expresidente, Gustavo Hornos y Mariano Borinsky, a quienes se sumó Javier Carbajo. Lo hicieron al dejar firme un dictamen de otro fiscal que figuraba entre las visitas a Olivos, Raúl Pleé, quien la semana pasada decidió no sostener la apelación de sus colegas de instancias inferiores, que planteaban que la investigación debía continuar.