La decisión fue rechazada por los abogados de Cristina. “Quienes cumplen su pena en un domicilio particular pueden desarrollar todas las actividades que no se encuentran prohibidas por la ley”, manifestó la defensa de la dos veces presidenta en su planteo. “La normativa vigente no faculta a los jueces a imponer reglas de conducta adicionales a las personas que cumplen su pena bajo la modalidad de arresto domiciliario, más allá que el acatamiento estricto y riguroso de la privación de la libertad. Tal potestad complementaria no está expresamente prevista en ninguna disposición legal o reglamentaria”, agregaron.