Consideran que su accionar "mancha la política", afecta la confianza de la ciudadanía y debilita las instituciones.
Asimismo, el documento entregado al Tribunal de Disciplina señala que este tipo de acciones, que se configuran como "inconducta partidaria, deslealtad o acciones que perjudiquen los intereses del pueblo trabajador", son consideradas faltas graves según el estatuto del partido. Los legisladores confían en que el Tribunal analizará la situación y aplicará las medidas disciplinarias que correspondan de acuerdo con la Carta Orgánica y los reglamentos internos del Partido Justicialista.
El objetivo de la intervención, según los denunciantes, es esclarecer los hechos y "preservar los valores de lealtad, coherencia y compromiso" que, según ellos, han guiado históricamente al movimiento.