El origen de la crisis financiera se explica por la compleja coyuntura que atraviesa el sector del transporte de cargas y la industria siderúrgica. La caída en la actividad de Acindar, su principal cliente, sumada al impacto del aumento de los costos operativos, habría llevado a la firma a acumular un pasivo que la obligó a reestructurar sus obligaciones fiscales y financieras. La presentación judicial busca ahora ganar tiempo para negociar con los acreedores y sostener la operatoria diaria, en un contexto donde la demanda de viajes ha mermado significativamente.
A pesar de la versión oficial que descarta despidos, el historial reciente de la empresa muestra episodios que generan cierta desconfianza. En febrero de 2024, trabajadores de Expreso El Tero realizaron una protesta frente a la firma por el despido de un empleado con 25 años de antigüedad. Asimismo, en otras oportunidades se registraron reclamos por adeudamiento de sueldos que involucraron a unos 90 trabajadores, quienes debieron convocar asambleas para destrabar la situación. Estos antecedentes, aunque no contradicen la afirmación actual de la empresa, explican la inquietud.
Con el concurso preventivo ya en marcha, la sindicatura aceptó el cargo y se fijó el 21 de diciembre como plazo para presentar los pedidos de verificación de créditos. Mientras tanto, la empresa asegura que la actividad continúa con normalidad y que los clientes comprendieron la situación, lo que resulta clave para sostener los ingresos y, con ellos, los salarios. Para los 60 o 70 trabajadores de Expreso El Tero, la prioridad es que el proceso judicial permita sanear las cuentas sin que la crisis financiera termine afectando la continuidad de sus puestos de trabajo, en un contexto industrial complejo donde la caída de la actividad en Acindar ya viene golpeando a todo el entramado productivo de la región.