Esa preocupación se funda en que Pollicita parece haber confundido el derecho de defensa para explicar o justificar ante el requerimiento patrimonial con que "la versión del requerido no pueda descartarse", vaciando el tipo penal. "Todo funcionario con dólares de origen desconocido podría invocar ventas de criptoactivos concertadas en efectivo, entre particulares, con contrapartes no identificadas, a precios indeterminados, una década atrás. Nadie podría refutarlo. Y ese es, exactamente, el relato que el dictamen ha dado por suficiente", plantea Pagano de forma lapidaria.