El debate se retomará el próximo martes 17 de noviembre, cuando se reúna desde las 15 la Comisión de Asuntos Constitucionales del Senado, presidida por Agustín Coto. La convocatoria llegó después de dos meses sin actividad y tomó por sorpresa a una parte del bloque libertario, incluida su titular, Patricia Bullrich.
En paralelo, el presidente de Diputados, Martín Menem, manifestó que la intención oficialista es conseguir la media sanción en la Cámara Alta durante las próximas dos semanas. Sin embargo, la negociación está lejos de estar resuelta: el Gobierno cuenta actualmente con 38 votos, apenas uno más de los necesarios, y busca superar los 40 respaldos para garantizar el tratamiento.
La cuenta incluye a los 21 integrantes de La Libertad Avanza, diez radicales, tres representantes del PRO y cuatro legisladores vinculados a los gobernadores Ignacio Torres, Claudio Vidal y Rolando Figueroa. Para conseguir esos apoyos, el jefe de Gabinete, Diego Santilli, mantiene conversaciones con los mandatarios provinciales, aunque todavía no hay definiciones sobre los acuerdos políticos y electorales.
La discusión también profundizó la interna entre Bullrich y la Casa Rosada. Mientras la senadora advierte que no están los votos, el funcionario asegura que existen posibilidades de avanzar. Desde el entorno de la exministra sostienen que Santilli debe encargarse de conseguir el respaldo de los gobernadores y que ella se ocupará del resto de las negociaciones parlamentarias.
A ese escenario se suma Ficha Limpia, una condición que impusieron los bloques dialoguistas del PRO y la UCR para acompañar la reforma electoral. Ambos espacios anticiparon que presentarán sus propios dictámenes y que no respaldarán el resto del proyecto si no hay avances sobre esa iniciativa.
Las diferencias también alcanzan al Presupuesto y a los reclamos provinciales. Los aliados todavía no tienen certezas sobre los fondos para sus distritos, el armado de las listas electorales ni los pliegos judiciales que solicitaron. Ese escenario complica la posibilidad de que el oficialismo consiga las firmas necesarias para avanzar.
En los pasillos del Senado, además, interpretan la convocatoria de Coto sin una comunicación previa con Bullrich como una posible señal de los hermanos Javier y Karina Milei frente a los sucesivos desmarques de la senadora. También surgieron interrogantes sobre si la decisión fue impulsada por la jefa del bloque o por Nadia Márquez, legisladora cercana a Karina Milei y cada vez más vinculada al sector de los Menem.
Mientras intenta reunir los respaldos, el Ejecutivo mantiene una alternativa en carpeta: suspender las PASO para 2027 si no consigue eliminar definitivamente las primarias. La opción genera reparos dentro del oficialismo por la advertencia de la Cámara Nacional Electoral, que recomendó anticipar las modificaciones antes de las próximas elecciones presidenciales. Desde el karinismo consideran que se trata de una recomendación y sostienen que no existen impedimentos legales para avanzar.
La reforma, además, incluye cambios en el reconocimiento de los partidos políticos, con mayores requisitos de afiliación, presencia territorial y porcentajes de votos para conservar la personería jurídica. También restringe las fusiones y alianzas electorales y prohíbe contratar servicios de personas extranjeras para las campañas.
En materia de financiamiento, propone eliminar los aportes estatales específicos para las campañas y ampliar las contribuciones privadas de personas y empresas, sin límites de monto, pero bajo mecanismos de regulación y trazabilidad. También modifica la Boleta Única de Papel, elimina los espacios gratuitos de publicidad electoral en medios audiovisuales y establece que los representantes argentinos ante el Parlamento del Mercosur sean designados por la Cámara de Diputados en lugar de elegirse directamente. A su vez, incorpora herramientas digitales para la afiliación y nuevas exigencias de avales ciudadanos para presentar candidaturas.
Los tiempos también juegan en contra del oficialismo. Neuquén anunció que irá a las urnas el 14 de febrero, lo que pone en marcha el cronograma electoral. Antes de que termine diciembre, el Congreso debería tener aprobada la legislación para cumplir con los plazos mínimos establecidos por los organismos internacionales.
Con el cierre del período ordinario previsto dentro de 18 días, el Gobierno anticipa que convocará a sesiones extraordinarias para tratar sus principales iniciativas. La próxima reunión del Senado será una instancia clave para medir si el oficialismo logra destrabar la negociación o debe recurrir a la suspensión de las primarias como alternativa para 2027.