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NACIONALES Despidos masivos en Iosfa: “Petri se comió la plata”

07/11/2026 | 2 visitas

El 28 de octubre el Gobierno firmó el acta de defunción del Instituto de Obra Social de las Fuerzas Armadas. El decreto no dice que en diciembre de 2023 esa obra social tenía superávit y ningún préstamo, y que así lo certificó la gestión de Luis Petri. En el medio, un préstamo al 52% entre conocidos, farmacias vacías, declaraciones juradas que no cierran, muertes de militares investigadas como suicidios y un ministro que culpó a todos, menos a sí mismo.

El miércoles 28 de octubre, el Boletín Oficial publicó el decreto 1286/2026. Con la firma del presidente, Javier Milei, y de todo su gabinete, formalizó la disolución y liquidación del Instituto de Obra Social de las Fuerzas Armadas y de Seguridad (IOSFA) y cambió una regla que protegía a sus empleados: el pase a la nueva obra social militar dejó de ser automático. Solo pasa quien el directorio considere necesario, los demás quedan en manos del liquidador.

ATE hizo la cuenta. De los 2.450 trabajadores que le quedan al Instituto, solo 1.000 pasarían a la nueva obra social, otros 450 quedarían en disponibilidad y 1.000 contratos se darían de baja. En total, 1.450 quedarán afuera. En febrero, cuando se firmó la disolución, el IOSFA tenía casi 3.500 empleados: en ocho meses salieron unos mil, una salida que no figura en ninguna cifra oficial. "Esto no es motosierra, es perversión", dijo el secretario general de ATE, Rodolfo Aguiar. Un mes y medio antes, la Resolución 636 de Defensa le había asignado al Ejército los 13 hoteles y centros recreativos de la obra social, sin decir qué pasaría con sus empleados.

La obra social de 600.000 militares, gendarmes, prefectos y sus familias que Petri recibió con superávit y dejó en ruinas

Los considerandos del decreto justifican el cierre en "un grave desequilibrio financiero, operativo y presupuestario". El ministro de Defensa, Carlos Presti, fue más lejos ya que definió al IOSFA como un "engendro" que "nunca funcionó bien" desde su creación en 2013.

Es una explicación cómoda: le echa la culpa a un diseño de hace trece años y deja afuera los últimos tres. El IOSFA, la tercera obra social del país, con casi 600.000 afiliados entre militares, gendarmes, prefectos y sus familias, no llegó a diciembre de 2023 quebrado: llegó con superávit. Y la caída tiene nombres y firmas: las de Luis Petri, ministro de Defensa entre diciembre de 2023 y diciembre de 2025, y las de un grupo de funcionarios que llegó, en su mayoría, desde Mendoza.

La herencia que no era

"Es necesario saber que esta obra social, como la armó el kirchnerismo, es totalmente infinanciable". El atildado Luis Petri lo dijo en diciembre de 2025, en una de sus últimas decisiones como ministro de Defensa, antes de mudarse a su banca de diputado, donde parece sentirse más cómodo y con más visibilidad como para lanzarse a la candidatura como gobernador de Mendoza. Y ordenó auditar la gestión del IOSFA desde 2019. Un año y medio antes de irse, Petri había tenido en sus manos un documento que decía exactamente lo contrario. Y lo había firmado su propia gente.

El balance del ejercicio 2023 del IOSFA se auditó en 2024, con Petri ya instalado en el Edificio Libertador. Lo firmaron el presidente que él designó, el médico mendocino Oscar Sagás, y el gerente económico-financiero, el coronel retirado Edgardo Sprenger. El 26 de abril de 2024, la auditora independiente María Victoria Díaz de Rosa emitió su dictamen: opinión favorable, sin salvedades. El Consejo Profesional de Ciencias Económicas porteño legalizó su firma el 22 de mayo.

La obra social de 600.000 militares, gendarmes, prefectos y sus familias que Petri recibió con superávit y dejó en ruinas

Ese año el IOSFA tuvo un superávit de $13.290 millones, el segundo seguido en verde: en 2022 había sido de $12.604 millones. Tenía $25.715 millones disponibles entre caja y fondos comunes de inversión del Banco Nación y de la Sociedad Militar Seguros de Vida, contra $22.794 millones de deudas reales con prestadores, farmacias, proveedores, sueldos e impuestos. La plata alcanzaba para pagar todo lo que se debía, y sobraba. Y no tenía préstamos: el crédito que el Instituto de Ayuda Financiera (IAF) le había dado en la gestión anterior se terminó de pagar durante 2023, cuota 24 incluida.

No era una caja rebosante. El margen operativo era chico: la actividad de salud dejó $2.758 millones a favor y el resto del superávit vino del rendimiento de las inversiones. El gasto administrativo, del 12,4% de los recursos, era alto. Y había un agujero que venía de lejos: desde 2017 las fuerzas, sobre todo Gendarmería y Prefectura, no giraban completos los aportes y contribuciones. El balance los registraba como créditos por $39.356 millones y los daba, prudentemente, por incobrables. El IOSFA los había reclamado por nota a la ministra Sabina Frederic en 2021, al ministro Aníbal Fernández en 2022 y a las cinco fuerzas el 30 de noviembre de 2023, diez días antes del cambio de gobierno.

En octubre de 2025, Petri convirtió ese agujero en coartada. "La deuda que dejó el kirchnerismo en la obra social por sueldos mal liquidados era de 150.000 millones de pesos", remarcó. El problema era real y venía de Mauricio Macri y de Alberto Fernández, pero no eran $150.000 millones. Para llegar a esa cifra hay que sumar 2024 y 2025, los años de Petri. Y la mayor parte la deben Gendarmería y Prefectura, que dependían del Ministerio de Seguridad de su compañera de fórmula, Patricia Bullrich.

Un año después, el balance 2024, firmado en abril de 2025, con Roberto Fiochi ya en la presidencia, mostraba otra obra social. Las deudas con prestadores, farmacias y proveedores pasaron de $21.698 millones a $121.612 millones: se multiplicaron por 5,6 en pesos corrientes y por 2,6 descontando la inflación. Las de salud y acción social, donde se anotan los medicamentos de alto costo, la insulina, las prótesis y el oxígeno, se multiplicaron por nueve en términos reales. El colchón de inversiones cayó un 79%.

En noviembre de 2025, Petri culpó a la inflación: la crisis "generó una bola de nieve" y "estos son los efectos perjudiciales que tiene la inflación". Pero la de 2023 fue del 211% y el IOSFA cerró con superávit; la de 2024 fue del 117,8% y las deudas con prestadores se multiplicaron por 5,6. Con más inflación, la obra social ganó plata. Con menos, se fundió. En doce meses de gestión, el "infinanciable" heredado se había vuelto, efectivamente, infinanciable. Solo que el que lo hizo no fue el kirchnerismo.

Los mendocinos

El IOSFA funcionaba en la órbita del Ministerio de Defensa y era el ministro quien elegía a su conducción. Para manejar una obra social de 600.000 personas, Luis Petri eligió a gente de confianza. Su confianza tenía una geografía precisa: Mendoza.

El primero fue Oscar Sagás, médico mendocino que asumió la presidencia del IOSFA en diciembre de 2023. En enero de 2024 hubo despidos. Según miembros del Directorio, Sagás llevó colaboradores de Mendoza a cargos gerenciales, con vuelos semanales pagados por la obra social, y designó a comienzos de 2024 unos 30 asesores y "extra conveniados" con sueldos de entre $3.000.000 y $4.000.0000, muy por encima del promedio del instituto. Intentó además tercerizar servicios.

En noviembre de 2024, Petri le pidió la renuncia por los "cortocircuitos" con el Directorio. Sagás se fue con una carta que, en lugar de rendir cuentas, culpaba a las propias Fuerzas y a los costos. "Desde enero de 2024, los medicamentos y prestaciones de salud aumentaron más de un 300%", remarcó frente a ingresos que subieron "el 80 por ciento". Lo que la carta no decía es que esos ingresos dependían de salarios que el propio Gobierno dejó atrasar.

La obra social de 600.000 militares, gendarmes, prefectos y sus familias que Petri recibió con superávit y dejó en ruinas

Lo reemplazó Roberto Fiochi, contador mendocino. En las elecciones de 2023 había encabezado la lista de precandidatos a senadores provinciales por el Cuarto Distrito en la interna de Cambia Mendoza que llevaba a Luis Petri como candidato a gobernador. Perdida esa interna, Petri lo puso al frente del Instituto de Ayuda Financiera (IAF), la caja que paga los retiros y pensiones de los militares. Once meses después lo pasó al IOSFA.

Cuando Fiochi se fue, en junio de 2025, por "motivos personales" y con ocho de los diez vocales del Directorio en contra, la elegida salió del mismo circuito. Betina Surballe, contadora mendocina, había sido gerenta general de la Bolsa de Comercio de Mendoza entre 2007 y 2021. Con Petri, legó al IAF como gerenta de Recursos Financieros, ascendió a directora ejecutiva y desde ahí saltó a la presidencia del IOSFA: la funcionaria que conducía a la acreedora pasó a conducir a la deudora. Asumió con una deuda operativa de más de $210.000 millones; con ella al frente, en septiembre de 2025, Rosario se quedó sin convenios con sus clínicas.

Al IAF, en lugar de Surballe, Petri mandó a Francisco Adorni, hermano del entonces vocero presidencial y luego jefe de Gabinete, Manuel Adorni. Había entrado a Defensa en febrero de 2024 y, por recomendación de su hermano, quedó a cargo de la Unidad de Auditoría Interna del Ministerio. La Resolución 543/2025 que lo designó en la caja militar aclara que fue "a expreso pedido" del ministro. Adorni la dejó a los pocos meses para ser candidato a diputado bonaerense por La Libertad Avanza y asumió la banca el 10 de diciembre de 2025.

En dieciocho meses, el IOSFA tuvo tres presidentes elegidos por Petri. En mayo de 2025 renunciaron en bloque la gerenta general Carolina Podlesker, el gerente económico financiero, Edgardo Sprenger, los subgerentes de Contabilidad y de Tesorería, y ocho de los diez vocales advirtieron por carta que "nuestra obra social, que se encuentra en un momento de grave crisis", necesitaba otra conducción. Lo que sí cambió, todos los meses, fue la deuda.

El préstamo de la casa

El 6 de diciembre de 2024, a un mes de asumir en el IOSFA, Roberto Fiochi firmó una nota para pedirle plata a la caja que acababa de dejar. Quería $40.000 millones del IAF para, según el texto, "modernizar la estructura de los Sistemas para la atención de la Salud y Farmacias". No acompañó un plan que dijera cómo, cuándo ni dónde se usaría el dinero.

No era la primera vez que la gestión de Petri recurría a la caja militar. El balance 2024 informa en su nota 3.13 que "al cierre del Ejercicio 2024 se ha abonado la totalidad del préstamo" del IAF: durante 2024, el año de Sagás, el IOSFA tomó y canceló otro crédito, sin que el balance diga de cuánto. Fuentes de la obra social lo estiman en $14.000 millones, destinados a mejorar delegaciones. No hay ningún documento público con sus condiciones ni su destino.

El Directorio aprobó el pedido de Fiochi por siete votos contra tres. Votaron en contra dos generales y un contralmirante retirados, Daniel Varela, Germán Monge y Juan Palermo, que advirtieron que nadie conocía las condiciones, que lo lógico era cobrar los aportes que el propio Estado adeudaba y que no existía ningún plan para frenar el déficit. Fiochi había anticipado una tasa de entre 35% y 37%. Fue del 52% anual, con un costo financiero total del 66,48%. El 8 de enero de 2025 les avisaron a los directores que las negociaciones "ya estaban cerradas". El vocal Edgardo Urrutia, que había votado a favor, le escribió a Fiochi el 7 de marzo: "No fuimos consultados ni informados de las condiciones que estaba imponiendo el IAF".

La obra social de 600.000 militares, gendarmes, prefectos y sus familias que Petri recibió con superávit y dejó en ruinas

Fiochi admitió en una entrevista que el cálculo "fue un error mío" y calificó de "un absurdo" la objeción por el riesgo, porque "entre Instituciones de un mismo ministerio no hay tasa de riesgo". Fue al revés: según fuentes militares, el IAF le sumó diez puntos por riesgo. El IOSFA recibió $40.000 millones y quedó obligado a devolver $88.404 millones. En mayo de 2025, después de pagar tres cuotas, todavía debía $82.441 millones.

La caja que paga los retiros de los militares le prestó al 52% a la obra social de esos mismos militares. Las cuotas se descontaban de las retenciones que el IAF hace sobre los haberes de sus beneficiarios: en los hechos, el préstamo lo pagaban los propios afiliados. Y de los dos lados del mostrador había funcionarios de Petri: las dos instituciones, la que prestó y la que se endeudó, dependían de su ministerio. El crédito lo negoció Fiochi; desde junio de 2025, la caja que cobraba esas cuotas la presidió Francisco Adorni, el hermano del vocero presidencial.

¿Para qué sirvió la plata? No para los sistemas. Según la auditoría interna 9/2025, firmada por el contador Leandro González, entre diciembre de 2024 y marzo de 2025 la deuda real del IOSFA creció apenas 6%; entre marzo y junio, cuando el dinero se terminó, saltó 41%. Un crédito que costará $88.404 millones compró tres meses de calma. A fines de junio de 2025, la misma auditoría contaba $210.871 millones de deuda operativa y otros $77.122 millones con el IAF.

Hoy ese crédito está en el centro de una causa penal. La diputada Marcela Pagano denunció a Francisco Adorni y a Luis Petri, y en julio de 2026 la Cámara Federal unificó la investigación en el juzgado de Sebastián Ramos, con el fiscal Ramiro González. Allí se analizan también compras directas de armamento y de medicamentos por $25.000 millones cada una y un convenio para destinar el 2% de los salarios militares a la obra social.

Las cuentas personales de los que manejaron esa plata tampoco cierran. Francisco Adorni es el único imputado. Al entrar a Defensa, en febrero de 2024, declaró $43,8 millones en bienes; en su declaración anual de ese año anotó deudas por $130 millones al inicio y $60 millones al cierre y cero pesos de ingresos, aunque cobraba un sueldo público. El 13 de mayo de 2026, el fiscal Guillermo Marijuan lo imputó por enriquecimiento ilícito y lavado de dinero. Al día siguiente Adorni rectificó: apareció una herencia de $21 millones y la deuda inicial bajó a $45 millones. Después le explicó al juez Daniel Rafecas que en la de 2024 había puesto "un cero de más": la deuda era de $13 millones. El fiscal pidió su indagatoria el 18 de junio; Rafecas prefirió ordenar más pruebas.

Roberto Fiochi informó al asumir en el IAF bienes por $2.135 millones al 31 de diciembre de 2023; en su declaración anual, para esa misma fecha, figuran $1.101 millones. Dos cifras para una misma fecha, con una diferencia de más de mil millones. En 2024 su patrimonio llegó a $2.597 millones y declaró $1.044 millones netos por trabajo personal mientras presidía un organismo del Estado, contra un sueldo público de $6,7 millones. Edgardo Sprenger, el gerente que firmó el balance 2023, pasó ese año de un patrimonio de $28,6 a $181,3 millones con ingresos de $9,9 millones: quedan unos $134 millones sin explicación. De Sagás no figuran la anual de 2024 ni la de baja. Y el propio Petri tiene un desfasaje de $12,2 millones entre el cierre de su declaración de 2023 y la apertura de la de 2024, el año en que tomó un préstamo en dólares de su hermana por $17,7 millones y compró la mitad de un departamento y una cochera en el centro de Mendoza. Los datos salen de la base abierta de la Oficina Anticorrupción.

La obra social de 600.000 militares, gendarmes, prefectos y sus familias que Petri recibió con superávit y dejó en ruinas

Farmacias vacías, licitaciones llenas

La deuda tiene dirección y horario de atención. Durante casi dos años, en buena parte del interior la cobertura del IOSFA se redujo a los hospitales militares, las guardias y los tratamientos oncológicos y de alta complejidad. Todo lo demás se pagó de bolsillo, con reintegros que tardaban entre cuatro y seis meses, mientras el descuento seguía llegando puntual en cada recibo.

El mapa del corte es largo. En Rosario, el 25 de septiembre de 2025 se suspendieron los convenios con la Asociación Médica y con la Asociación de Clínicas y Sanatorios, guardias e internaciones incluidas. En Mar del Plata el prestador local cortó por una deuda de $800 millones, según la denuncia de la diputada Lourdes Arrieta, y se reprogramaron cirugías. En San Juan, 7.000 afiliados se quedaron sin odontología ni traumatología. Hubo cortes en Trelew, Bahía Blanca, Tucumán, Entre Ríos, Salta, Jujuy, Misiones y Santa Cruz.

En octubre de 2025, Petri había asegurado: "Ya hoy no tenemos esos problemas de faltantes de medicamentos". Una semana antes de que se publicara esa frase, Rosario se había quedado sin convenios con sus clínicas.

Y en Mendoza, la provincia de Petri, Sagás, Fiochi y Surballe, el Hospital Español suspendió la atención en febrero de 2026 por deudas impagas. Unos 17.000 afiliados mendocinos quedaron afuera. Los funcionarios habían llegado de Mendoza. La plata no volvió.

"No hay prótesis, no hay marcapasos", resumió Rubén López, secretario general de la junta interna de ATE en el IOSFA, mientras faltaban oncológicos, insulina y medicación para el VIH y la diabetes. Un gendarme retirado de 84 años necesitaba cambiar su marcapasos y la obra social solo lo cubría si su cardiólogo facturaba por el Colegio Médico: el presupuesto particular era de $6 millones. Un paciente oncológico que pagaba $270.000 por mes por su grupo familiar encontraba las puertas cerradas. A una nena de 7 años no le llegaba la alimentación especial que le habían recetado.

En las oficinas de Paso 551, mientras tanto, las prioridades eran otras. Según expedientes internos, se pagaron $3.509.000 por 100 medallas protocolares, $1.528.000 por la reparación de una cafetera, $3.000.000 en vales de combustible y $7.663.391 por el mantenimiento de un compresor. Montos mínimos que dicen mucho: alguien firmó medallas en una obra social donde faltaba insulina.

En agosto de 2025, los audios de Diego Spagnuolo, ex titular de la Agencia Nacional de Discapacidad, hablaron de coimas y mencionaron a la droguería Suizo Argentina, de la familia Kovalivker. La Suizo también le vendía al IOSFA: según documentos de la obra social, en 2024 ganó siete licitaciones por $17.037 millones, la mayor parte en oncológicos y medicamentos de alto costo. Petri dijo que "de 450 renglones que fueron a licitación, la droguería Suizo Argentina ganó 45" y que "todas las licitaciones fueron absolutamente transparentes"; desde su cartera agregaron: "No tuvimos coimas, tenemos contratos sí, pero no tenemos coimas". No hay causa judicial conocida sobre esos contratos. Pero los "45 renglones" de Petri sumaban más de $17.000 millones.

Las preguntas que Petri no contestó

El 3 de marzo de 2026, la vicepresidenta Victoria Villarruel le reprochó "el vacío que dejó en IOSFA y lo que hizo su funcionario mendocino" y habló de "lo que parecería fue un desfalco de la obra social de los militares y sus familias". Petri respondió en X con cinco palabras: "Yo te conozco por golpista". Sobre el IOSFA, nada.

El 3 de diciembre de 2025, en la jura de los nuevos diputados, el exministro de Defensa Agustín Rossi lo encaró en el recinto: "Vayan a aumentarle el sueldo a los militares, vayan a resolver la deuda que tienen, en tres años quebraste IOSFA". Petri usó su turno para hablar de "montoneros" y mandar a la oposición "al psicólogo". Sobre el IOSFA, nada.

En marzo de 2026, la diputada Lourdes Arrieta lo denunció penalmente por administración fraudulenta, malversación de caudales públicos, incumplimiento de los deberes de funcionario público y abandono de persona, y en mayo amplió la denuncia con el caso de Carlos Velázquez. Petri no explicó en público ni esa denuncia ni la de Pagano.

Los muertos

El 5 de julio de 2025, el suboficial escribiente de la Policía Federal Alejandro Tijerina, conocido como "Mustafá", se quitó la vida en un baño del Hospital Churruca, el de su propia fuerza. En una de sus cuatro cartas le reprochaba al director del hospital el maltrato recibido. El caso lo reveló DataClave. Tijerina no era afiliado del IOSFA: la Federal tiene su propia obra social, que muestra los mismos síntomas. Pero su muerte fue la primera señal de algo que el Gobierno tardó un año en admitir.

El martes 16 de diciembre de 2025, el soldado Rodrigo Gómez, de 21 años, granadero del Escuadrón Chacabuco, murió de un disparo de FAL en un puesto de guardia dentro de la Quinta de Olivos, la residencia del Presidente. Junto a su cuerpo había una carta; su informe crediticio registraba deudas por casi $2 millones con bancos y financieras. Ese día, en Santiago del Estero, el gendarme Diego Matías Kalilec, también de 21 años, fue hallado ahorcado. Al día siguiente murió en la guarnición de Monte Caseros, Corrientes, el suboficial principal Juan Pereira, de 48 años. Todas las muertes se investigaron como posibles suicidios.

El jueves 18, Javier Milei entregó sables en el Colegio Militar. "Quiero conmemorar a los dos integrantes del Ejército y al integrante de Gendarmería que lamentablemente perdieron la vida esta semana", dijo. "Merecen nuestra eterna gratitud". No mencionó por qué habían muerto. Mientras hablaba, en Mendoza, la familia del soldado voluntario Facundo Gabriel Lima lo encontraba sin vida.

Carlos Presti llevaba días como ministro de Defensa. En una entrevista televisiva ofreció su diagnóstico: "Son temas de cuestiones personales, enfermedades que tienen los ciudadanos, no solo los soldados". Y agregó: "Alguno pudo haber tenido un problema de juego (ludopatía) o cuestiones propias de la post-pandemia, o depresión". Sobre los sueldos, dijo que "lo de los salarios bajos es histórico, no es de ahora". En ese momento, un soldado voluntario de segunda cobraba un haber básico de $610.510. La canasta básica que marcaba la línea de pobreza para una familia tipo era, en agosto de ese año, de $1.160.780.

Ocho meses después, otra ministra contradijo a Presti sin nombrarlo. "Hay más suicidios en las fuerzas, sí. En 2025 hubo un 30% más que en 2024", reconoció la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, en una entrevista radial el 19 de agosto de 2026. "Tenemos niveles de endeudamiento, muchas veces formales e informales al interior de la fuerza, y muchas veces son vidas que hay que ayudar a ordenar". No era el juego. No era la pandemia. Eran las deudas. Las mismas que aparecían en la carta del soldado de Olivos.

El Gobierno nunca publicó los números completos. El único dato oficial es parcial: el programa de uso de armas de fuego del Ministerio de Seguridad registró 21 suicidios con arma de fuego en las fuerzas federales en 2024 —trece en la Federal, cinco en Gendarmería y tres en Prefectura—, contra 16 en 2023. De 2025 hay un porcentaje sin cifras. De las Fuerzas Armadas, nada. La diputada Agustina Propato pidió los datos a Defensa; no hay respuesta pública.

Y después está Carlos Héctor Velázquez. Suboficial mayor retirado del Ejército, sanjuanino, 61 años de aportes a la obra social. Tenía un cáncer con dolores que nadie lograba aliviar, y sus tratamientos se habían cortado. El 4 de marzo de 2026 fue hasta el monumento a San Martín, en el Parque de Mayo, e intentó quitarse la vida. Dejó una carta que llamaba a la falta de atención a soldados y ancianos con una sola palabra: "genocidio". Sobrevivió. El 1 de mayo murió; en San Juan informaron que había ingerido un frasco de pastillas.

Los que se fueron

Los que no murieron, se fueron. En septiembre de 2025 Petri había dicho: "No existe un éxodo en las Fuerzas Armadas". Según sus propias cifras, en 2022 y 2023 pidieron la baja 23.055 militares, y entre enero de 2024 y septiembre de 2025, 17.789: la sangría es crónica. El informe del entonces jefe de Gabinete, Guillermo Francos, contó 18.659 bajas entre diciembre de 2023 y septiembre de 2025: 14.614 del Ejército, 2.971 de la Fuerza Aérea y 1.074 de la Armada. Más del 80% eran soldados voluntarios. En la Policía Federal hubo más de 600 pedidos de baja en el primer semestre de 2025, contra un promedio histórico de unos 50 por año. Los que se fueron repetían dos motivos: el sueldo y la obra social. Mientras se iban, la obra social que hacía soportable un sueldo de soldado dejaba de funcionar.

Después de Petri

Cuando Petri se fue a la Cámara de Diputados, en diciembre de 2025, la deuda ya rondaba los $200.000 millones y el déficit operativo era de unos $12.000 millones por mes. Su sucesor, el teniente general Carlos Presti, prometió "certeza a la familia militar" y "una nueva obra social para las Fuerzas Armadas, con la presidencia a cargo de un militar". Cumplió la segunda parte. La primera sigue esperando.

El DNU 88/2026, del 6 de febrero, partió el IOSFA en dos sin pasar por el Congreso: la OSFA para los militares, bajo Defensa, y la OSFFESEG para gendarmes y prefectos, bajo Seguridad. Al viejo instituto lo dejó en liquidación, con un año de plazo y sin fecha para pagarles a los prestadores.

La obra social de 600.000 militares, gendarmes, prefectos y sus familias que Petri recibió con superávit y dejó en ruinas

Lo que vino fue otra ronda de sillas. El general retirado Sergio Maldonado, designado al frente de la OSFA en marzo, duró dos meses: renunció a comienzos de mayo, cuatro días después de la muerte de Carlos Velázquez. Fuentes de la Armada atribuyeron su salida al suicidio de un suboficial retirado de 77 años que no lograba atenderse; el organismo lo negó. Lo reemplazó el general Pablo Plaza. Al liquidador, el coronel mayor retirado Ariel Guzmán, que había sido gerente de Prestaciones del IOSFA en 2024, Presti le pidió la renuncia el 24 de septiembre, el mismo día en que ATE ocupó la sede de la calle Paso; la Resolución 671/2026 puso en su lugar a Gonzalo Secchi. En 34 meses pasaron por la obra social militar cinco presidentes y dos liquidadores.

La plata para los prestadores llegó tarde y del bolsillo de todos: a comienzos de octubre de 2026, el Gobierno anunció que el Tesoro pondría $210.000 millones para cancelar la deuda y empezaron a pagarse los reintegros atrasados. Pero las acreencias contra Gendarmería y Prefectura, de entre $120.000 y $145.000 millones según las distintas versiones oficiales, seguían sin pagarse y el expediente iba camino a la Procuración del Tesoro.

Para gendarmes y prefectos, el Gobierno eligió tercerizar. La idea la impulsó Patricia Bullrich cuando era ministra de Seguridad y la ejecutó su sucesora. El 8 de mayo de 2026, la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, anunció que la prepaga Medicus se quedaba con la cobertura de unos 197.000 afiliados, tras una licitación de unos 20 días que describió como "un proceso de licitación muy minucioso y responsable". En el expediente EX-2026-28300658, la UTE Sanos-Premedic había ofertado $125.200 por afiliado y Medicus, $133.750; tras una nueva cotización, Medicus bajó a $127.500 y ganó por el rubro "cantidad de afiliados", donde la UTE sacó cero. La prepaga tiene multas firmes con la Superintendencia de Servicios de Salud por más de $63 millones, y Patricia Bullrich figura en registros de ANSES como afiliada. El contrato, de unos $25.000 millones por mes, no se publicó. Monteoliva habló de una cobertura de "alta gama" mientras admitía que los salarios de esos mismos gendarmes y prefectos necesitaban una recomposición del 24% al 25%. Alta gama para la salud, sueldo de baja gama para pagarla.

Lo que queda

El desguace sigue produciendo víctimas de a una. El 22 de octubre, una afiliada con 49 años en la obra social denunció ante el Ministerio Público Fiscal que en julio de 2025 la habían dado de baja con un formulario de Gualeguaychú con la leyenda "Conformidad de desafiliación" y una firma que, asegura, no es suya: "Nunca firmé dicho documento, nunca solicité mi baja de IOSFA ni presté consentimiento alguno". Pidió una pericia caligráfica y presentó un amparo para recuperar la cobertura. La obra social sostiene que ella pidió la baja por su divorcio, de 2011.

El 9 de octubre, un grupo de suboficiales del Ejército le hizo llegar a Javier Milei una carta para pedir un lugar en el directorio de la OSFA y la posibilidad de controlar cómo se usan los fondos del traspaso. "No solicitamos privilegios. Solicitamos participación, representación", plantearon. "Nunca nos contestó", dijo esta semana su vocero, el suboficial mayor Ramón Corradini. Y avisó: "Vamos a ir a la Justicia".

Las causas avanzan a otro ritmo: ninguno de los acusados está procesado y Petri no dio explicaciones públicas. Tampoco hay respuestas a las preguntas más simples. Nadie publicó la auditoría que Petri ordenó antes de irse ni la que Presti anunció al llegar. La Memoria 2023 del IOSFA, el documento que mostraba cómo se había recibido la obra social, ya no está en internet. No hay nómina de los asesores mendocinos ni de sus sueldos. No hay explicación de por qué la deuda con el IAF bajó de $82.441 millones a unos $53.000 millones en los papeles de Defensa.

Luis Petri es hoy diputado nacional y aspira a la gobernación de Mendoza. Francisco Adorni, que presidió la caja que le prestó al 52% a la obra social de los militares, es diputado bonaerense. La obra social que la gestión de Petri recibió con superávit dejó de existir el 28 de octubre.

Carlos Velázquez la había pagado durante 61 años. Antes de morir, eligió una palabra para describir lo que les hicieron a él y a los suyos: "genocidio". Los responsables todavía no eligieron ninguna.