Detallar con precisión, considera Oberlin, permite ampliar la mirada y también entender la gravedad. “El tener esta información tan precisa, permite ir generando conciencia, resistencia y organización en cada uno de estos puntos”. La interactividad del mapa permitió el ida y vuelta entre los realizadores y distintas ONG´s que tienen información para sumar y/o intercambiar. El ejemplo de ello es lo que ocurre en Malargue, la ciudad de la provincia de Mendoza, a los pies de la cordillera de los Andes. Es uno de los departamentos más críticos, que según la información pública ya tiene extranjerizada el 15 por ciento de la tierra. Pero por la extensión, ese 15 por ciento representa 60 mil hectáreas en manos de extranjeros y en zonas fronterizas. Casualmente, Cornejo anunció hace no mucho que habrá proyectos mineros en esa zona.
Otro cálculo que encendió todas las alarmas fue comparar la extrajerización de todo el territorio nacional con el territorio de la provincia de Buenos Aires, que cuenta con 35 millones de hectáreas. El total de tierras en el país que ya son extranjeras es de 13 millones. Es decir, en equivalencia de extensión territorial, un tercio de la extensión de la provincia de Buenos Aires, una de las más grandes de Argentina, ya es tierra de otros.
Existen una correlación entre las tierras que terminan siendo vendidas y las utilidades o riquezas de la tierra que através del mapa lograron identificar. “Ningún país del mundo habilita en materia de legislación comprar tierras de esta forma y en este tipo de práctica, sobre todo en zonas fronterizas donde entre otras cosas se habilita el paso de mercadería, cosas que rompen controles estatales”, agregó el investigador.
No solo los incendios en la Patagonia centran la mirada en estos nuevos intentos de modificación de ley por parte del Gobierno. Los dichos de Donald Trump en relación al uso de los recursos naturales en América Latina y la permanente predisposición del gobierno nacional a entender toda intención norteamericana como un hecho político, llevan a reflexionar sobre qué pasaría si la derogación de la ley avanza, y ni siquiera encuentran en los marcos regulatorios un límite para la venta de tierras.
La problemática lleva décadas, señalan los investigadores que participan del nuevo observatorio. Sin embargo, las voluntades políticas tan explícitas en relación a la venta de suelo nacional, alarman a todos.