La norma es de la autoría de María Luisa Chomiak y Pía Chiacchio Cavana, y el proyecto abarca a "todos los trabajadores, cualquiera sea su modalidad contractual, denominación, régimen jurídico, forma de ingreso o antigüedad" de los tres poderes del Estado provincial, municipios, entes descentralizados, empresas y sociedades del Estado, y fondos fiduciarios. Sin embargo, el artículo 4° aclara que la norma "no será aplicable a las cesantías dispuestas como consecuencia de sumarios administrativos debidamente sustanciados, con pleno respeto del derecho de defensa y resolución firme".