En el caso de las pequeñas y medianas empresas, el nuevo esquema marca un endurecimiento de los criterios de acceso a la energía subsidiada. Las pymes que presenten capacidad económica comprobable, activos relevantes o niveles de facturación superiores a los parámetros definidos quedarán fuera del beneficio.
Esto implica un aumento de los costos operativos, especialmente para comercios, industrias y servicios intensivos en consumo energético. Desde el sector productivo advierten que la suba en tarifas podría trasladarse a precios o afectar márgenes en un contexto de actividad todavía frágil.