La convocatoria del Senado a sesionar la próxima semana por el proyecto de reforma laboral encendió las alarmas en los sindicatos, que preparan medidas en procura de evitar su aprobación. Isaías Alegre, referente del sindicato de Camioneros en el Chaco y también secretario General de la CGT, no ocultó su indignación al analizar el contenido de un proyecto que califica como "totalmente regresivo". Para el dirigente, la normativa no solo ataca el bolsillo del trabajador, sino que intenta desmantelar la estructura misma de los derechos conquistados durante el último siglo, comparando el escenario actual con los periodos más oscuros de explotación laboral en la región. "Estamos volviendo a la época de La Forestal, donde los trabajadores eran prácticamente esclavos; nos quieren llevar de regreso a 1853", sentenció con crudeza.
Uno de los puntos que mayor alarma genera en las bases es la caída de la denominada "ultraactividad" de los convenios colectivos de trabajo. Alegre explicó que esta modificación es una trampa mortal para la estabilidad laboral, ya que al vencer un convenio, todas las condiciones deben negociarse desde cero, dejando al empleado en una posición de total vulnerabilidad frente a la patronal. "No es que se pierda la antigüedad de años, pero sí se pierde la antigüedad para los derechos. Todo queda sujeto a una nueva negociación donde el trabajador no tiene fuerza", advirtió. En este nuevo esquema, beneficios que hoy son conquistas firmes, como el régimen de vacaciones o las escalas salariales, pasarían a ser variables de ajuste sujetas a la voluntad del empresario. La crítica también se centró en la posibilidad de que se habiliten los pagos "en especie", una medida que el dirigente considera humillante. "Imagínate que a un compañero le quieran pagar con vales de mercadería o canastas de productos en lugar de su sueldo en blanco; es un ataque directo a la libertad de cada familia", denunció Alegre. A esto se suma la preocupación por la desfinanciación de las obras sociales sindicales, un movimiento que, según su análisis, terminará colapsando un sistema de salud pública que ya se encuentra desbordado. "Ese 1% que pretenden tocar representa el 30% de la recaudación de las obras sociales