Sobre este punto, el reclamo a Adorni es que informe “cuántos recursos dejó de percibir la provincia de Buenos Aires desde la derogación hasta la fecha en concepto de FoFoFi, y cómo evalúa el Poder Ejecutivo el impacto de esa quita sobre los indicadores de seguridad de la provincia más poblada del país” y remató: “¿Considera el Poder Ejecutivo que es fiscalmente sostenible que la provincia que más aporta al tesoro nacional sea, al mismo tiempo, la más perjudicada en la distribución de recursos?”.
En rigor, las preguntas que enviaron los peronistas bonaerenses se focalizaron sobre en los recortes que terminaron en causas abiertas en la Corte Suprema, por lo que también se consultó sobre el Fondo de Compensación al Transporte Público de Pasajeros, dado que Nación había señalado que la Provincia no cumplió con las rendiciones correspondientes, por lo que pidió precisiones. “Si la provincia efectivamente cumplió con la totalidad de las rendiciones, ¿cuál es entonces el motivo real de la retención de los fondos y cuándo procederá a su pago?“, se pregunta, mientras se exige que Adorni ”informe el monto total adeudado a la provincia de Buenos Aires en concepto de Fondo de Compensación de Transporte Público, discriminado por período”.
El jefe de gabinete también deberá responder sobre el recorte del sistema de compensaciones económicas automáticas establecidas en el Consenso Fiscal, cuyo monto asciende a 1,3 billones de pesos. “¿Reconoce el Poder Ejecutivo la existencia de esta deuda? En caso afirmativo, precise el monto que reconoce, los períodos impagos y el cronograma previsto para su cancelación”, se cuestiona al tiempo que se solicita información respecto a “si la provincia de Buenos Aires cumplió con la totalidad de los compromisos que el Consenso Fiscal le imponía”. “En caso de que el Poder Ejecutivo alegue algún incumplimiento provincial como justificación para la retención, detalle cuál es específicamente y en qué constancias se funda”, plantea la pata bonaerense de Unión por la Patria.
Los diputados también giraron preguntas sobre el recorte a la obra pública, en línea con el accionar de más de 150 intendentes que se manifestaron días atrás en las puertas del Ministerio de Economía. “La paralización unilateral de 841 obras en la provincia de Buenos Aires constituye un incumplimiento tanto de la ley de presupuesto como de los contratos administrativos ya firmados con las empresas constructoras, muchas de las cuales habían comenzado los trabajos y movilizado recursos”, señalan, al tiempo que estipulan que a marzo de 2026, la deuda que la Nación mantiene con la provincia de Buenos Aires por obras públicas paralizadas y programas discontinuados asciende a $15,6 billones.
Por eso requieren información sobre “si efectivamente fueron realizadas las auditorías sobre las obras paralizadas que el gobierno invocó como justificación de la suspensión”. En caso afirmativo, los diputados piden que Adorni “remita los informes correspondientes”. “¿Cuántas de las 841 obras fueron auditadas, cuántas aprobadas, cuántas observadas y con qué resultado; y cuándo se retomarán los pagos por obras ya certificadas y contratos vigentes”, preguntan.
En esa plano también se exigen datos concretos respecto a la cantidad de trabajadores que perdieron su empleo como consecuencia directa de la paralización de las obras en territorio bonaerense; y cuántas empresas constructoras iniciaron reclamos judiciales contra el Estado Nacional por incumplimiento contractual y cuál es el monto total reclamado en sede judicial.
“¿Tiene el Gobierno Nacional proyectado regularizar la totalidad de estas deudas durante el ejercicio 2026?”, le preguntarán a Adorni en el Congreso, donde el jefe de gabinete, en el ojo de la tormenta por las investigaciones judiciales sobre su patrimonio deberá ensayar una respuesta respecto a “por qué el Poder Ejecutivo considera admisible mantener una deuda acumulada de esta magnitud con la provincia más poblada del país mientras exhibe superávit fiscal como principal logro de su gestión”.