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NACIONALES El Gobierno enviará el Presupuesto 2027 al Congreso, pero Milei no irá a presentarlo
15/09/2026
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Ni el Presidente ni el ministro de Economía tienen prevista la presentación de la ley. El oficialismo se aferra a Malvinas para distraer de la crisis económica, pero tampoco envía el tan anunciado “proyecto de soberanía nacional”.
Hace 12 días Milei anunció en cadena nacional que iba a enviar al Congreso Nacional un proyecto para defender la soberanía de las Islas Malvinas y castigar a las empresas extranjeras que operen allí sin autorización. Sin embargo, por más que desde el gobierno dijeron que el texto sería enviado el lunes de esta semana, aún no fue remitido a la Cámara Baja. Sobre ese proyecto --que enviarían a Diputados en lo que queda de esta semana--, sobre la reforma política y sobre el envío del Presupuesto 2027 se conversó en la reunión de mesa política que lideró este martes Karina Milei.
Mientras tanto, en Tierra del Fuego ya se pueden ver marines estadounidenses haciendo ejercicios militares y el Reino Unido lanzó un comunicado en el que respaldó “toda actividad económica legítima en las Islas”, además de descartar que la Argentina tenga derecho a ejercer jurisdicción sobre las empresas que operan en ese territorio en disputa.
Tanto en la mesa política, como en la reunión que el día anterior Milei encabezó con sus ministros, se habló de Malvinas para obviar discutir sobre los problemas económicos que agobian a gran parte de la población argentina. Dentro del propio círculo íntimo del mandatario hay discusiones con respecto a qué hacer ante la crisis económica y las consecuencias del ajuste en la población de cara al año electoral que se avecina.
Sin embargo, el día anterior el Presidente aseguró tanto ante sus ministros, como ante sus legisladores, que no piensa dar el brazo a torcer, que los números de la economía son buenos y que no tomará medidas que él considera “populistas”, por más que eso lo perjudique electoralmente.
En esa línea irá el Presupuesto 2027, que nuevamente será de ajuste, tal como lo fue el del año anterior. Esta vez Milei no dará la cara en el Congreso para presentarlo, y tampoco lo hará el ministro de Economía Luis Caputo, otro de los miembros de la mesa política.
El titular de Hacienda presentó en la reunión de mesa política los principales indicadores contemplados para 2027 y dijo que el texto “prevé un crecimiento del PBI del 4 por ciento, una inflación promedio del 21,1 por ciento y una suba del salario promedio del 25,4 por ciento”.
Si bien la estrategia del Gobierno es utilizar el tema Malvinas para evitar hablar de los malos números de la economía, en ese aspecto la situación también va escalando los niveles de tensión.
Mientras la Casa Rosada dilata el envío de los proyectos vinculados a Malvinas al Congreso, el vocero Adrián Ravier dijo este martes que “se va a ampliar la denuncia judicial presentada la semana pasada para que alcance a otras compañías”, y que “el gobierno nacional continuará utilizando todos los medios que tenga a su disposición para sancionar e impedir que empresas o particulares desarrollen actividades que vulneren los derechos y la soberanía de la Argentina sobre las Islas”.
Luego, Ravier se refirió a la construcción de la base naval en Tierra del Fuego y puntualizó que la misma “va a incorporar diversas funciones logísticas relevantes que permitirán vigilar y controlar mejor nuestros recursos naturales y nuestra soberanía”.
Sin embargo, el vocero no dijo nada sobre los marines estadounidenses que se vieron --y fueron registrados-- en Tierra del Fuego durante los últimos días. Desde la Armada lanzaron un comunicado en el que admitieron que “desde el 8 de septiembre se está llevando a cabo el intercambio de expertos en zonas de clima frío, entre personal del Batallón de Infantería de Marina Nº 4 y ocho integrantes de la Infantería de Marina de los Estados Unidos”.
Es decir, admitieron que están llevando esos ejercicios a cabo sin cumplir con la Ley 25.880, que obliga al Poder Ejecutivo a solicitar autorización del Congreso para el ingreso de tropas extranjeras al país. Además, por Ley, el gobierno debería informar al Congreso qué tipo de actividades están llevando a cabo esas tropas extranjeras, cuántos son y qué objetivos tienen los ejercicios.
Según intentaron explicar desde la Armada argentina, esos encuentros se realizarían en Ushuaia desde el 2017. “Se hacen sobre la base de un marco de cooperación entre las Armadas de la República Argentina y los Estados Unidos, acordado previamente en reuniones bilaterales”, dijeron en un comunicado y agregaron que los marines estarán en la Argentina hasta el 22 de septiembre “para compartir experiencias y técnicas en forma teórica y práctica”.
Además, especificaron que la actividad que se encuentran realizando en Tierra del Fuego “consiste en el despliegue de una comitiva reducida, de instructores y especialistas que concurren a esta zona naval para dictar y recibir talleres teóricos, como así también para intercambiar técnicas”.
Sin embargo, expertos en el área de Defensa especifican que un convenio técnico de 2017 no puede suplir ni tiene rango suficiente para saltarse el aval que, por ley, debería realizarse desde el Congreso para que esas tropas ingresen al país. A la vez, no explican si esos marines son rotativos, si se entrenan ellos o si entrenan al personal local y no ponen a disposición el instrumento jurídico del que hablan, con el que justificarían el ingreso de las tropas.
Por otra parte, también vinculado a Malvinas, antes de que el Gobierno argentino envíe al Congreso la ley de “defensa de la soberanía nacional”, para sancionar empresas que desempeñen allí sus tareas, desde el Reino Unido publicaron una guía oficial para proteger a las empresas de las sanciones del gobierno argentino y aseguraron que ellos respaldan “toda actividad económica legítima en las Islas”.
Se trata de un documento que llamaron “Hacer negocios con las Islas Malvinas”, y que fue elaborado por el Ministerio de Asuntos Exteriores, Commonwealth y Desarrollo del gobierno de Reino Unido. Allí descartaron que la Argentina tenga derecho a ejercer jurisdicción sobre las empresas que operan en ese territorio. Es decir, el conflicto sigue en ascenso.
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