La prohibición entra en vigencia de forma inmediata, aunque para mantener su validez permanente deberá contar con la aprobación del Congreso en un plazo de 120 días. La iniciativa representa un contundente cambio de rumbo político, ya que se implementa a menos de dos años de que el propio Gobierno pusiera en marcha el marco legal que permitía el funcionamiento formal de este sector en territorio brasileño.
Durante el anuncio oficial, el ministro de Hacienda, Dario Durigan, justificó la intervención estatal por las graves consecuencias derivadas del consumo masivo de estos servicios. "Nos enfrentamos a un problema de salud pública relacionado con las apuestas en línea. Es un problema grave", aseveró el funcionario ante la preocupación del Ejecutivo por el desvío de ingresos familiares hacia el juego.
El anuncio gatilló una reacción inmediata en la oposición en medio de la contienda electoral. Durante un mitin de campaña celebrado este viernes en la ciudad de Río de Janeiro, el candidato presidencial Flávio Bolsonaro cuestionó con dureza la decisión adoptada por el Poder Ejecutivo. El senador opositor calificó la prohibición de "populista, hipócrita y con motivaciones políticas", encuadrando el decreto de Planalto como una maniobra proselitista destinada a volcar la preferencia de los votantes a pocos días de la apertura de las urnas.