Uno de los datos que había señalado la AGN era que la deuda con el FMI se contrajo sin que existiera un expediente previo que respaldara la operación. En cambio, se armó la documentación con posterioridad como para “emular un procedimiento administrativo que en verdad se encontraba por fuera de los márgenes legales”. El acuerdo fue aprobado el 20 de junio de 2018 y el expediente del Ministerio de Hacienda se inició un día después, según planteó Picardi en función del análisis de la AGN. O sea, armaron la documentación para justificar el endeudamiento. Tampoco hubo informe del BCRA sobre la balanza de pagos. Ese informe es clave porque permite saber cómo la deuda impactará en las reservas, qué capacidad de pago existe. El Central también inició actuaciones administrativas con posterioridad.