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JUDICIALES La Justicia suspendió las multas al Gobierno por no cumplir el Financiamiento Universitario
15/10/2026
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La Cámara Federal suspendió de forma provisoria las multas diarias de 100 mil pesos que debía pagar el jefe de Gabinete. La decisión se tomó después de un reclamo de Capital Humano.
Después de la noticia en la previa a la llegada de la 5ta Marcha Federal Universitaria que impuso que el Gobierno y en primer término el Jefe de Gabinete Diego Santilli debía pagar una multa diaria de 100 mil pesos, la Sala III de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal suspendió de forma provisoria la aplicación.
El conflicto judicial surgió por una medida cautelar que exige aplicar la Ley de Financiamiento Universitario para actualizar los sueldos docentes y no docentes. Además, se exige garantizar los fondos de becas estudiantiles. Las mismas por las que también se lleva adelante el reclamo porque quedaron congeladas en 35 mil pesos de los cuales solo se perciben 28 mil por las retenciones que hace la ANSES.
El conflicto gira en torno al cumplimiento de los artículos 5 y 6 de la Ley 27.795 de Financiamiento Universitario, que contempla, entre otros puntos, la actualización salarial de los trabajadores de las universidades nacionales y cuestiones vinculadas con las becas estudiantiles.
En su resolución del 22 de septiembre, el juez de primera instancia Martín Cormick había exigido al Ministerio de Capital Humano que cumpliera efectivamente con la medida cautelar, al considerar que todavía no existía un acatamiento total.
Sin embargo, el Gobierno cuestionó esa decisión porque, según sostuvo, no se precisó con claridad cuál era el incumplimiento ni qué medidas concretas debía adoptar para evitar las multas.
En ese marco, la cartera que conduce Capital Humano argumentó que había dispuesto una actualización salarial del 21,33% sobre los haberes vigentes a mayo de 2026. Según sus cálculos, ese incremento permitió alcanzar una suba acumulada del 226,80% entre diciembre de 2023 y agosto de 2025, por encima del 226,40% que, afirmó, correspondía al índice de precios al consumidor (IPC) durante ese período.
El Estado también cuestionó la interpretación judicial sobre la evolución salarial posterior y planteó que los aumentos siguientes debían discutirse en las negociaciones paritarias. Además, sostuvo que la intimación no identificaba de manera suficientemente precisa qué parte de la obligación legal continuaba pendiente.
En su presentación, advirtió que la situación afectaba su derecho de defensa. “El Estado Nacional debe afrontar un pago por un presunto incumplimiento parcial, sin saber con certeza a cuánto asciende dicho pago”, argumentó, al cuestionar la posibilidad de que se le impusieran sanciones económicas sin una determinación concreta de las obligaciones pendientes.
Respecto del artículo 6 de la ley, el Gobierno también planteó diferencias sobre el alcance de las disposiciones referidas a las becas. Sostuvo que la norma debía interpretarse en relación con el programa correspondiente y defendió que las becas Progresar y las de enfermería pertenecen a esquemas distintos de los contemplados en la legislación.
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