Aseguran que su continuidad no solo es una cuestión sanitaria y social, sino también de sostenibilidad económica a largo plazo.
Pedrini, Chomiak y Leiva advierten que bajo la excusa de una “mejor eficiencia del Estado”, el Decreto 462/2025 en realidad promueve nuevas estructuras administrativas costosas e innecesarias, trasladando funciones al Ministerio de Economía en forma discrecional. Según afirman, esto podría derivar en litigios judiciales, conflictos de competencia y pérdida de derechos laborales.
Finalmente, el proyecto subraya la urgencia de aprobar esta ley para garantizar seguridad jurídica, preservar las políticas públicas consolidadas y proteger a miles de trabajadores afectados. “No se puede hablar de federalismo mientras se desmantelan organismos que dan respuestas en todo el país. Necesitamos fortalecer, no destruir, lo que ha costado décadas construir”, concluyen los autores.