En cuanto a la Ley de Financiamiento Universitario, el Gobierno nacional mantuvo su postura de postergar su aplicación al argumentar la falta de previsión presupuestaria y el impacto fiscal que implicaría su implementación. La norma fue aprobada por el Congreso y posteriormente ratificada por los dos tercios de ambas cámaras, luego del veto presidencial. Finalmente, el Ejecutivo la promulgó mediante el Decreto 759/2025, aunque condicionó su aplicación a la determinación de las fuentes de financiamiento y a la asignación de las partidas correspondientes en el Presupuesto.