La norma habilita la producción y comercialización de cannabis y cáñamo bajo controles de calidad obligatorios, que priorizan la red de laboratorios públicos. Para los pequeños productores, cooperativas y Pymes, prevé mecanismos de asistencia técnica, acceso a créditos específicos.
Además, establece una Tasa de Control y Fiscalización de 1,5%, cuyos fondos se destinarán principalmente a capacitación, inclusión laboral, investigación y programas sociales.
El diputado Juan José Bergia, autor de la iniciativa, remarcó que la norma "no discute cannabis sí o no, sino si el Estado controla o deja el negocio en manos del mercado ilegal". Según explicó, el objetivo es "garantizar acceso seguro, trazabilidad y participación social en una actividad que ya existe y requiere reglas claras".