El escrito también cita doctrina y jurisprudencia sobre el rol del Ministerio Público, remarcando que los fiscales deben priorizar el interés público y actuar con autonomía frente al poder político.
En ese sentido, el querellante Romeo afirma: “La pérdida de objetividad del Sr. Fiscal parece deberse a que no está priorizando sus vínculos con la sociedad y, por el contrario, está protegiendo intereses ajenos al proceso”.