El fiscal Fabián Canda ya había advertido que no se aplica la “flagrancia” “en ocasión del ejercicio de derechos humanos y/o sociales, o cualquier otro derecho constitucional” (muy distinto es que se cometan delitos comunes en una protesta, aclaraba). Cormick sostiene que la cartera de Bullrich hizo una interpretación antojadiza del artículo 194 del Código Penal pero incurre en un “vicio” al no interpretarlo en armonía con el Código Procesal que derriba su invento sobre la protesta como delito en flagrancia. Tampoco tiene en cuenta las leyes que regulan la actividad de cada fuerza, con lo cual expone a los uniformados a violarlas, ni menciona la ley de Protección de Personales ni los tratados Internacionales de Derechos Humanos que legislan sobre el tema. Cuestiona, a su vez, la interpretación del Ministerio de Seguridad sobre la Ley de Seguridad Interior al decir: “la participación de las fuerzas federales es admitida por la ley como excepción, no como regla, y ante circunstancias que revisten una gravedad excepcional…”