Las críticas a la ofensiva estadounidense no se limitaron a México. Cuba y Brasil también expresaron su rechazo a una eventual intervención armada. El presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, denunció el bloqueo naval y el despliegue militar estadounidense frente a las costas venezolanas, al que calificó como una violación del derecho internacional, y reiteró su apoyo al gobierno de Maduro.
En una línea similar, el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, advirtió que una intervención militar en Venezuela “sería una catástrofe humanitaria” y un grave precedente para Sudamérica. En el marco de la última cumbre del Mercosur, el mandatario brasileño remarcó que las verdaderas amenazas a la soberanía regional no son las fronteras sino las guerras, las fuerzas antidemocráticas y el crimen organizado. “El continente sudamericano vuelve a ser acechado por la presencia militar de una potencia extrarregional”, declaró el presidente de Brasil.
Mientras tanto, el gobierno de Estados Unidos defendió su accionar como parte de una estrategia de combate contra el “narcoterrorismo” y vinculó las operaciones militares con su política migratoria y de seguridad nacional de “Estados Unidos primero”. Trump aseguró que los ataques habrían afectado de manera significativa a las redes criminales y reducido el flujo de drogas hacia su país, el cual considera una de las mayores amenazas exteriores, aunque no brindó detalles precisos sobre los operativos.
Ante el argumento de que el uso de fuerza militar constituye una herramienta legítima para “salvar vidas estadounidenses”, las respuestas desde América Latina apuntan a otro costo. Lejos de reducir las amenazas, sostienen estos gobiernos, la militarización del conflicto profundiza las condiciones que dice combatir y vuelve a colocar a la región bajo la lógica de la imposición externa.