No es esa, claro está, la idea de la oposición. El Gobierno tiene plazo hasta el jueves 15 para remitir el decreto al Congreso y, una vez ingresado, corren otros diez días hábiles para que lo analicen las comisiones bicamerales. Ese plazo se mantiene aun cuando las comisiones no estén formalmente constituidas. Cumplido ese período —el 29 de enero—, el DNU quedará en condiciones de ser tratado en el recinto, siempre que la oposición logre reunir quórum, una posibilidad que no aparece como lejana dado el nivel de rechazos que despertó la medida.
Para recordar el tema en medio de la vorágine de noticias de los últimos días, más de 20 organizaciones de la sociedad civil denunciaron este lunes la "inconstitucionalidad manifiesta" del DNU 941/25. "Rompe consensos básicos de la democracia, amplía el margen de discrecionalidad estatal, debilita los controles y posibilita prácticas que creíamos superadas. El Congreso debe rechazar este decreto", sostuvieron el CELS, Aministía Internacional, Poder Ciudadano, Greenpeace, Fundación Huésped y Democracia en Red, entre muchas otras. Le apuntaron al estilo del gobierno de Javier Milei.
"Una vez más, se toman decisiones de extrema relevancia sin debate legislativo. Es evidente que lo que exige nuestra Constitución para el dictado de decretos de necesidad y urgencia no se cumple: no hay circunstancias excepcionales que impidan al Congreso sancionar leyes, y es claro que reformas tan trascendentes como éstas, lejos de ser adoptadas de manera unilateral, deberían realizarse cuando hay acuerdos entre diversas fuerzas políticas", argumentaron. El CELS, además, presentó un amparo para que la Justicia frene la aplicación del decreto, en línea con las acciones iniciadas por los diputados de la Coalición Cívica y el socialismo, y por un sector de dirigentes radicales alfonsinistas como Leopoldo Moreau y Federico Storani, entre otros.