La realización del peritaje fue impulsada por las defensas de los dueños de la droguería Suizo Argentina, representados por Martín Magram, y también por la de Spagnuolo, que desde el comienzo sostuvo que los audios eran "truchos", "falseados" e incluso "creados con inteligencia artificial". Con esos argumentos, buscaron sostener que la causa debía anularse, tanto por la supuesta falsedad de las grabaciones como por su presunto origen ilegal, al señalar una posible violación de la intimidad y la privacidad del exfuncionario. Incluso plantearon la posibilidad de que el material hubiera sido obtenido mediante espionaje ilícito.