En la cumbre del CIN los rectores aprobaron el proyecto de presupuesto 2027 en el que estimaron el costo anual de las universidades en 11 billones de pesos. La ley de financiamiento universitario fue sancionada el año pasado por el Congreso de la Nación, luego vetada por el Presidente y finalmente ambas cámaras rechazaron la decisión. La ley debía ser promulgada y ejecutada, pero el Poder Ejecutivo impidió materialmente su aplicación mediante un decreto. Las universidades fueron a la justicia y la Corte rechazó el recurso extraordinario del Estado. Gremios y universidades calculan una pérdida cercana al 40% del poder adquisitivo de los salarios y un ajuste real del presupuesto destinado a funcionamiento del orden del 50%.