La quiebra fue decretada el 15 de septiembre por la jueza Adriana Beatriz Fiori, del Juzgado Civil y Comercial N°8 de Posadas, y la resolución se conoció esta semana a través del Boletín Oficial. La empresa atravesaba una crisis desde 2024, agravada por una millonaria deuda fiscal, salarios impagos y la contracción del consumo, factores que volvieron insostenible su situación financiera. El sindicato maderero apuntó contra los dueños de Linor por «mala administración» y denunció que la firma intentó retirar maquinaria del predio mientras los empleados estaban de vacaciones. Mientras la Justicia avanza con la incautación de bienes y la determinación de las acreencias, los 130 trabajadores de Azara siguen esperando una respuesta que les permita cobrar lo que les corresponde y reconstruir sus vidas lejos de la fábrica que durante años fue su sustento.