En ese esquema, Spagnuolo y Garbellini operaban dentro del organismo, mientras que Calvete y Atchabahian se manejaban por fuera, en coordinación con empresarios que tendían a “favorecer intereses particulares en perjuicio del Estado Nacional”.
Las prácticas ilícitas habrían consitido en manipular los procedimientos de contratación de medicamentos e insumos “mediante la selección arbitraria de proveedores, la circulación de información privilegiada, la simulación de competencia, el direccionamiento de adjudicaciones y la gestión de pagos en favor de determinadas empresas”, indica el juez en su resolución.
Gracias a esa dinámica, se generaban sobreprecios que eran destinados a funcionarios y otros integrantes de la organización. Según el magistrado, “no se trató de operaciones aisladas”, sino de una “actuación organizada y sostenida en el tiempo”.