Tampoco se siguió la pista del financiamiento. Jonathan Morel, líder del movimiento de ultraderecha Revolución Federal, realizó acciones en las calles con guillotinas, antorchas y horcas, además de asediar y escrachar a dirigentes peronistas y pedir en las redes sociales que había que matar a Cristina. Incluso sugería cómo hacerlo.
Su agrupación, recibió financiamiento del Grupo Caputo, de la familia del actual ministro de Economía, Luis "Toto" Caputo, pero la justicia quiere elevar a juicio la causa solo por incitación a la violencia y las querellas se oponen. Morel tenía una pequeña empresa de carpintería en Boulogne, Buenos Aires, la cual comenzó a recibir dinero de la empresa Caputo Hermanos: le pagaron 13 millones de pesos (en 2022) para que equipara un edificio entero de 60 departamentos cerca de Vaca Muerta, en Añelo, Neuquén. Un trabajo enorme para un emprendimiento tan pequeño y ubicado a 1.200 kilómetros.
Según informó para este medio Irina Hauser, la primera factura para el pago por 144 mesitas de luz, 144 respaldos de cama, mesas ratonas, barras de cocina, entre otras tantas cosas, además de colchones y cortinas, es del día anterior a que Revolución Federal saliera a la calle por primera vez el 25 de mayo de 2022. Con el atentado, se cortaron los pagos y la relación.
Un peritaje del Cuerpo de Contadores de la Corte Suprema de Justicia detalló que los pagos no tienen explicación y que son un 20% superiores a los valores de mercado. Las querellas mostraron anomalías e incongruencias rotundas en la facturación. La defensa de la expresidenta señaló facturas por trabajos de carpintería y sommiers de una jubilada que atendía un kiosco y no tenía relación con el rubro, por ejemplo.
"Lo dije una y mil veces: ni Capuchetti ni Rivolo quisieron investigar el intento de asesinato y ahora pretenden cerrar la investigación con una celeridad que nunca demostraron en ninguna causa", sostuvo en aquel entonces la expresidenta.
"Como he dicho, no hay práctica más clara para buscar la impunidad de causas complejas, que partirlas en pedacitos", enfatizó y advirtió que, con esta decisión, el resto de las pruebas "no se investigan nunca más".
"Toda la investigación se caracterizó por evitar conocer la verdad", lanzó la vicepresidenta y denunció "un intento evidente y desesperado por evitar hallar la posible participación de terceros, financistas e instigadores", sentenció.