El dictamen de Stornelli que dio inicio a la causa fue un claro respaldo a la denuncia del gobierno, aunque no quiso allanar la de ningún periodista (algo que sería abiertamente inconstitucional). Decía que buscaría "develar" "una trama más amplia, que involucra a la oposición kirchnerista en una campaña de desinformación para derrocar al gobierno'". En función de eso señalaba que no sólo apuntaba a los audios de Karina Milei sino a otros, en obvia referencia a los de Spagnuolo, que ya motivaron una causa penal que tramita en otra fiscalía, la de Franco Picardi, por posibles sobornos, el verdadero dolor de cabeza para el gobierno que Stornelli amaga con empiojar. En ese expediente están las miradas puestas en los celulares no sólo de Spagnuolo (que no tendría demasiado contenido) sino de los dueños de la droguería Suizo Argentina y de Daniel Garbellini, quien se ocupaban en Andis de las contrataciones de programas como Incluir Salud. Pero también se estudian facturas y expedientes administrativos.