La reforma contempla un endurecimiento significativo de las penas: el homicidio simple pasará de 10 a 30 años, mientras que los homicidios cometidos por barras bravas en eventos masivos recibirán cadena perpetua. Además, se incorporan al cuerpo central del Código Penal la ley antimafia y la ley antibarras, reforzando la persecución de organizaciones criminales. La portación de armas, incluso las blancas, será considerada un delito grave, con penas no excarcelables y agravantes para quienes tengan antecedentes. Al mismo tiempo, los integrantes de las fuerzas de seguridad recibirán protección legal al actuar dentro de la ley y la Constitución, garantizando que su accionar no sea penalizado cuando cumplen con su deber.