Las pruebas presentadas por la fiscalía son contundentes: la investigación detectó más de 50 transferencias provenientes de familias de estudiantes que, en total, ascienden a un perjuicio económico que supera los $6.008.000.
La jueza de garantías Carina Álvarez aceptó la formulación de cargos presentada por el Ministerio Público Fiscal durante una audiencia reciente. El delito atribuido es administración fraudulenta en carácter de autora, tipificado en el artículo 173, inciso 7°, del Código Penal.
La fiscalía considera que la mujer violó su deber de gestionar y proteger el patrimonio de la institución, afectando directamente las finanzas de la fundación educativa.
Con la imputación formalizada, la jueza Álvarez estableció un plazo de cuatro meses para que la fiscalía complete la investigación y reúna todas las pruebas necesarias para llevar el caso a juicio.